no se ve
Conoce la situación en la región
Comunidades indígenas de Jujuy documentan el despojo de tierras en el contexto de la transición energética y la explotación de litio.
Registro de desalojos forzados en comunidades campesinas e indígenas de las Verapaces, frente al avance del despojo territorial.
deja rastros que
vale la pena mirar
Entre el 2020 y 2022 el Monitor registró un promedio de 45 casos por año, un período que refleja tanto los primeros años de sistematización de la plataforma como las limitaciones de registro propias de un instrumento en construcción. Estos números no deben leerse como ausencia de agresiones, sino como el punto de partida de un proceso de documentación que fue creciendo progresivamente en cobertura y alcance territorial.
El año 2023 marcó un punto de inflexión: se registraron 156 casos, un incremento del 380% respecto del año anterior. Este salto no responde únicamente a un aumento real de las agresiones, sino también a la incorporación de nuevos países al relevamiento, la consolidación de redes de organizaciones coordinadoras locales y la mayor confianza de las personas defensoras para reportar su situación. En este sentido, el crecimiento del número de casos es también una señal de fortalecimiento del propio instrumento.
Por último, durante el 2024 y 2025, los registros se sostienen en niveles altos, con un promedio de 140 casos anuales. Esta estabilización en cifras elevadas confirma que las agresiones a personas defensoras de la tierra y el territorio no son episodios aislados sino un patrón estructural y persistente en la región. Lejos de indicar una normalización del problema, estos números reflejan la urgencia de políticas públicas de protección efectiva y el valor de contar con datos que hagan visible lo que los Estados muchas veces prefieren ignorar.
también es
proteger
El Acuerdo de Escazú establece, por primera vez en América Latina y el Caribe, la obligación jurídica de los Estados de proteger a las personas defensoras ambientales. Sin embargo, una obligación sin datos es una promesa sin sustento: para que los Estados rindan cuentas, la sociedad civil exija cumplimiento y los organismos internacionales monitoreen avances, es imprescindible contar con información sistemática, comparable y actualizada sobre qué les sucede a quienes defienden la tierra y el territorio. El Monitor de Defensoras y Defensores se crea precisamente para cubrir ese vacío: documentar con rigor y perspectiva regional, las agresiones que el Acuerdo de Escazú se comprometió a prevenir y sancionar.
En ese sentido, el Monitor no es solo una herramienta de visibilización sino un instrumento de incidencia política directa. Cada caso registrado es evidencia concreta de que los Estados Parte —y también aquellos que aún no ratificaron el Acuerdo— tienen deudas pendientes con quienes arriesgan su integridad por defender bienes comunes. Los datos que produce el Monitor alimentan informes, argumentos jurídicos y demandas frente a mecanismos regionales e internacionales, convirtiendo las cifras en impulso para exigir lo que Escazú prometió: que defender el ambiente no cueste la libertad, ni la vida.
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al monitor
Sin datos, no hay visibilidad. Sin visibilidad, no hay protección. Cada caso que reportas suma a un registro que permite amplificar nuestras herramientas de incidencia y defensa.
no se puede visibilizar
